El senador independiente José A. «Chaco» Vargas Vidot y la senadora por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, presentaron el Proyecto del Senado 821 para crear la «Ley de la Práctica de Acupuntura en Puerto Rico» con la meta de adoptarla formalmente como una opción terapéutica y para el manejo del dolor. La medida, de igual forma, busca extender la lista de profesionales de la salud que pueden ejercer la acupuntura en Puerto Rico.
Según la pieza legislativa, a pesar de que en la mayor parte de las jurisdicciones estadounidenses no es requisito tener una licencia médica para realizar la acupuntura, en Puerto Rico, esta forma de tratamiento continúa limitada a los médicos con licencia. Esta limitación ocasiona que las listas de espera para recibir acupuntura sean muy extensas y que los precios sean onerosos. Por lo tanto, la acupuntura se ha convertido en una opción de tratamiento inaccesible para muchas personas con enfermedades para las que se ha probado que la acupuntura es una alternativa segura y eficaz.
Para atajar esto, al convertirse en ley, el Proyecto del Senado 821 crearía la Junta Examinadora de Acupunturistas que estaría adscrita al Departamento de Salud y que establecería requisitos y deberes para practicarla en Puerto Rico. Asimismo, esta nueva ley permitiría que la acupuntura sea practicada por médicos, quiroprácticos, doctores en medicina naturopática o médicos asistentes que hayan completado 220 horas (teóricas y prácticas) de preparación. De igual forma, podrá practicar la acupuntura cualquier persona que haya aprobado un programa educativo en acupuntura autorizado por la Junta Examinadora de Acupunturistas. Así las cosas, por primera vez, se abre paso a grados académicos en acupuntura en Puerto Rico.
Bajo este proyecto, se reconocerán las certificaciones de médico acupuntor que, en el presente, son expedidas por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. Esos profesionales continuarán ejerciendo bajo una licencia expedida por la nueva Junta Examinadora, pero deberán cumplir con requisitos de educación continua.
«Aunque múltiples organizaciones salubristas de prestigio a nivel local e internacional reconocen que la acupuntura es una alternativa muy confiable para aliviar síntomas de innumerables enfermedades, la restricción de su práctica solo a los médicos licenciados impide que más personas recurran a ella como opción terapéutica viable en comparación con otros tratamientos más inaccesibles. En Puerto Rico, hay muchas iniciativas en las que se fusiona la medicina tradicional con la complementaria y en las que se integra la acupuntura con la meta de ofrecer una manera natural de restaurar la salud física y emocional. Por eso, creemos que si se amplía la lista de profesionales de la salud que la ofrezcan, estaremos más encaminados en alcanzar un sistema de salud integral y humanizado que no renuncie a la rigurosidad que amerita la acupuntura», argumentó Vargas Vidot.
Por su parte, la senadora Rivera Lassén enfatizó que «existen muchos estudios científicos que demuestran los beneficios y la efectividad de la acupuntura para manejar el dolor que causan muchas enfermedades. Por eso, como defensora de los derechos humanos y el acceso de todas las personas a un sistema de salud integral, para mí es importante que este tratamiento esté accesible, a un costo razonable y de forma segura, para quienes decidan optar por él. El derecho a la salud debe verse de manera amplia, incluyendo como el proyecto establece, hacer más accesible los beneficios de la acupuntura.»
El proyecto surge luego de que, mediante la Resolución del Senado 14, la Comisión de Salud de ese cuerpo realizara una investigación sobre diversas consideraciones en cuanto a la práctica de la acupuntura en Puerto Rico. Como resultado, la Comisión de Salud rindió un informe en el se encontró que en Puerto Rico hay alrededor de 300 acupuntores. Además, se determinó que la acupuntura en Puerto Rico es un tratamiento lujoso y económicamente prohibitivo que se no se encuentra accesible a la mayoría del pueblo. Basado en los hallazgos de la investigación, la comisión recomendó que se regule, por legislación, la práctica de la acupuntura en Puerto Rico y que dicha legislación establezca una Junta Examinadora que licencie o certifique a los acupunturistas.
